La firma quedó autorizada a explorar las minas acreditadas en la Escribanía de Minas denominadas “José Mario”, “San Francisco de los Andes”, “Cupro I” y “Cupro II”.

Para ello debieron describir la geología, geomorfología, clima, cuerpos de agua, uso del suelo, flora y fauna, paisaje e infraestructura de la región. Así se determinó que no hay en la región geoformas glaciares.

Las actividades a desarrollar en la cordillera calingastina estarán focalizadas enyacimientos de brechas turmalínicas con valores anómalos de oro y cobre. Esto consiste en destapes, mapeo geológico de detalle, muestreo geoquímico y trincheras, muestreo de labores antiguas y perforaciones. Se tiene previsto instalar cinco carpas y un contenedor para campamento temporal en el área de trabajo. De realizarse perforaciones, se estima un plantel de no más veinticinco personas.

En vistas de dicho análisis el Ministerio de Minería resolvió aprobar el IIA para la etapa de exploración. Asimismo se les impuso observaciones y condicionantes a cumplir durante las tareas.

De acuerdo con lo comprometido en el IIA, durante la prospección, explotación, construcción, operación y cierre; la empresa deberá dar preferencia en sus contrataciones a proveedores de San Juan.

Ello incluye la provisión de materiales, bienes e insumos como de servicios mineros y de ingeniería. En caso de no existir en San Juan proveedoras de los bienes o servicios requeridos, la empresa deberá implementar una estrategia de cooperación con empresarios sanjuaninos para lograr el desarrollo local de las capacidades específicas demandadas.

Asimismo deberá dar preferencia a la mano de obra local, priorizando el área de influencia del proyecto y el resto de la provincia. En todos los casos deberá proceder a capacitarlas.

Se deberá dar preferencia a la adquisición de los insumos de origen departamental y provincial, posteriormente nacional y en el caso de no disponerse, adoptar insumos de origen internacional.

En el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria, la empresa deberá establecer una oficina en la provincia como punto referencial y mantenerla mientras dure la ejecución del proyecto. Tal exigencia se sustenta en la necesidad de afianzar las relaciones con la Comunidad de la Provincia de San Juan y su integración a ésta.

También desde este momento, la empresa deberá dar estricto cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 970-M, por la cual crea el Fondo Especial para el Desarrollo Minero.

Con la mira puesta en la sustentabilidad, la empresa deberá actualizar en un plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación de la aprobación de la DIA, el Plan de Cierre General de la etapa de exploración. En el plan deben constar las medidas generales y específicas que tomará la empresa para remediar el área de exploración y dejar el ambiente en condiciones similares a la original, de acuerdo a las tareas en la última campaña exploratoria.

Como máximo en el  término de dos años, el responsable del proyecto deberá presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como los hechos nuevos que se hubieran producido, debiendo designar la empresa un responsable en la zona de operación.