Solicitan al Banco Central medidas urgentes para las Pymes

15 abril, 2020

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que los bancos de todo el país vuelvan a operar regularmente.

Además pidieron que no se publiquen en la Central de Cheques Rechazados, aquellos que no fueron aceptados durante la cuarentena.

Ante la crítica situación que atraviesan las pymes por los efectos de la cuarentena para contener la propagación del Covid-19, la organización empresaria envió dos cartas a Miguel Pesce, titular del BCRA. 

En la primera misiva se le señala la urgente necesidad de las pymes de “hacer frente a cumplimientos y obligaciones en el adverso marco coyuntural que se atraviesa”.

Por eso solicitan que “se habiliten la totalidad de las prestaciones de las entidades bancarias, tomando todos los recaudos higiénicos para preservar la salud de los trabajadores y de los clientes”.

El segundo requerimiento hace referencia a que, “pese a las diversas normas (DNU, Resoluciones, Decisiones Administrativas y Disposiciones) que el Poder Ejecutivo Nacional adoptó, como así también las que el propio BCRA emitió; las pymes se están viendo profundamente perjudicadas por la inclusión de los cheques emitidos y que fueran rechazados, en la Central de Cheques Rechazados que publica el Banco Central, y es difundida por las Centrales de Riesgos”.

En ese sentido, señalan que “esta circunstancia afecta de modo grave la calificación crediticia de las empresas y de particulares, limitando el acceso a los instrumentos financieros que en la emergencia ha establecido el Poder Ejecutivo Nacional, así como también impacta sobre su calificación crediticia frente a proveedores y terceros”.

Ante esa situación pidieron que “no se proceda a la publicación en la Central de Cheques Rechazados, de los cheques que fueran rechazados durante el período aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En ese sentido consideraron que “cuando se levante la cuarentena, solo sean publicados aquellos que no fueran cancelados dentro de los 90 días de su rechazo, posibilitando de esta forma la regularización de la cadena de pagos, y evitando así los perjuicios que esto le pueda ocasionar a las pymes”.

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