Uruguay incrementa las exportaciones de las papeleras mientras sigue sin resolver el conflicto con argentina

La papelera Montes del Plata, propiedad de la chilena Arauco y la sueco–finlandesa Stora Enso, cuya construcción supuso la mayor inversión privada en la historia de Uruguay, concretó su primera exportación de pasta de celulosa que tiene por destino Asia, informaron fuentes de la empresa.

La planta de Montes del Plata empezó a construirse a mediados de 2011, fue concluida el pasado mes de abril, a comienzos de junio recibió las últimas autorizaciones ambientales y hace dos el semanas comenzó su producción de pasta de celulosa. La primera exportación de celulosa es de 21.000 toneladas y tiene como destino países asiáticos.

La papelera, situada en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia y junto al Río de la Plata, producirá 1,3 millones de toneladas de celulosa al año a partir de fibra de eucaliptos, que proceden de sus plantaciones forestales en once de los diecinueve departamentos del país.

El proyecto, que incluye la planta de celulosa, una unidad generadora de energía para el autoabastecimiento a partir de biomasa y un puerto para la exportación de la celulosa y el ingreso de insumos, supuso una inversión de unos 2.000 millones de dólares.

La empresa prevé que el complejo industrial sume 844 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) de Uruguay. Además de Montes del Plata, Uruguay cuenta con la producción de otra planta de celulosa, de la empresa finlandesa UPM (antes Botnia), situada a orillas del río Uruguay, que es fronterizo con Argentina.

La autorización de un aumento de producción a la planta de UPM hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas anuales reavivó hace pocas semanas un conflicto bilateral entre Uruguay y Argentina.

El Gobierno de Buenos Aires, que se opone frontalmente a la planta de UPM desde su construcción en 2005, amenazó con llevar nuevamente a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir el enfrentamiento.

En 2010, esta corte ya determinó que la planta no contaminaba pero que las autoridades uruguayas no habían informado debidamente a las argentinas sobre los detalles de la construcción y dispuso la creación de una comisión binacional para el control de la papelera y del medio ambiente en la zona.