Junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, el Presidente anunció la firma de un DNU para la intervención del grupo cerealero y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, dijo que con esta decisión la Argentina está “dando un paso hacia la soberanía alimentaria” y
precisó que todos los activos del Grupo pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro. Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un especialista en finanzas y en economía agropecuaria que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción”, explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, “le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”,
El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones. La deuda total asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.
El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido BAPRO, con $ 1.600 millones y el BICE, con $ 5 millones.
