El conflicto de la pesca en Rawson se extiende a toda la actividad pesquera luego de despidos masivos en las empresas que integran la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, quien envió telegramas a sus trabajadores por cumplimentar la huelga iniciada el pasado lunes 22 de julio en reclamo de que se respete el acuerdo paritario.
Desde medianoche el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo decretó un paro en toda la actividad pesquera desde el Mar del Plata a Tierra del Fuego afectando a toda la flota pesquera en todas sus ramas (flota amarilla, barcos rojos, factorías, poteros, tangoneros y fresqueros) que se encuentren en la marea o que ingresen al puerto.
Mediante un comunicado, la entidad sindical que conduce el capitán Mariano Moreno, sostiene que “actuó en consecuencia de las provocaciones recibidas este jueves cuando se despidió a una importante cantidad de patrones y oficiales“.
El texto agrega que a eso se suman “los insultos y el mal trato que recibieron los trabajadores y representantes gremiales por parte de los armadores” y precisa que “este viernes se ejecutaron nuevos despidos“.
Recurren a Capital Humano
El Centro de Patrones mantiene una medida de fuerza sin respuestas por parte de las empresas y el ente mediador de la provincia de Chubut, a pesar de que concentra el 80% de los trabajadores afiliados al gremio.
Ayer, denunciaron ante el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, que la inacción del Ministerio provincial de Chubut y la convivencia con la Cámara armadora de la pesca local llevaron a recrudecer el conflicto con el despido de los afiliados a la entidad.
El conflicto inició por la violación e incumplimiento del acta acuerdo paritario firmado en octubre de 2023 que establece la actualización salarial de los trabajadores según la variación inflacionaria.
Las empresas de la CaFACh mantienen una deuda salarial desde el mes de enero en concepto de la actualización salarial atada al Índice de Precios del Consumidor. El acumulado al mes de marzo supera el 50% del salario de los trabajadores, que sostienen que es una deuda innegable.
