En el marco del litigio con los fondos buitre, la República apeló la orden del pasado 12 de marzo del Juez Griesa a través de la cual extendió los efectos de las llamadas órdenes pari passu a bonos del canje regidos por ley argentina, pretendiendo, de ese modo, impedir nuevamente que los bonistas reestructurados cobren lo que Argentina paga y les corresponde en territorio argentino.

La decisión del juez alcanza a la llamada “deuda doméstica denominada en dólares”, la que de ninguna manera puede ser alcanzada por la cláusula pari passu pues se trata de endeudamiento interno, regido por el derecho local.

La misma Corte de Distrito había reconocido previamente que no había bases para extender la orden a estos bonos; sin embargo, el 12 de marzo revirtió sus propias decisiones, excediendo, nuevamente, su jurisdicción, tal como lo había hecho con los bonos del canje regidos por la ley inglesa.

Las decisiones de la justicia estadounidense afectan gravemente al sistema financiero global y al derecho internacional. Su único objetivo es otorgar mayor poder de extorsión a los fondos buitres. Ya que el juez Griesa no logró poner a Argentina en default, pretende ahora seguir perjudicando a los bonistas.

La Argentina agotará todas las instancias necesarias para defender sus derechos y el de los bonistas que de buena fe ingresaron a los Canjes de Deuda hasta que se arribe a una solución justa, equitativa, legal y sustentable para la República y para el 100 por ciento de sus acreedores.