El Gobierno español lanzó el viernes último la privatización parcial de AENA Aeropuertos tras cuatro años en los que la crisis, la indefinición política y la propia situación del ente habían frenado la operación. Para el Estado, la venta del 49% del capital de la sociedad que además de gestionar la red tiene en propiedad la gran mayoría de los aeropuertos del país, supone la privatización más importante de los últimos 16 años.

El motivo que ha llevado al Gobierno a desprenderse de la mitad de la empresa pública, según justificó la ministra de Fomento, Ana Pastor, es prepararla para competir en el mercado exterior. Eso sí, sin perder su control y, por tanto, garantizando que seguirá gestionando toda la red y cumpliendo con la condición de servicio público del transporte aéreo. Sin embargo, tanto desde la oposición como desde los sindicatos rechazaron este argumento y denunciaron que la verdadera razón es “repartirse el pastel” del negocio aeroportuario ahora que ha logrado volver a ser rentable.

El ente público ha vivido un profundo cambio en los últimos años desde que en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa el proyecto de salir al mercado y creó, un año después, AENA Aeropuertos, responsable de 46 aeródromos y dos helipuertos. La filial entró en beneficios con 597 millones en 2013 tras un duro proceso de ajustes que afectó a 1.200 trabajadores y la reducción de deuda a marchas forzadas con un tijeretazo del 20% en dos años. Sin embargo, según el planteamiento del actual Ejecutivo, necesita socios privados para salir al exterior ya que, por lo que respecta a la gestión, ha demostrado que ya es un referente internacional.

En cuanto al valor que la empresa tendrá en el mercado, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, comentó en una reciente entrevista con el diarioEl País de España que, usando como referencia aeropuertos similares, su cotización es de 10 veces el resultado bruto de explotación. “Creo que podríamos hablar fácilmente de unos 16.000 millones de euros, teniendo en cuenta que superó los 1.600 millones el año pasado, y a esto habría que descontar la deuda de la compañía, aún muy relevante, pues supera los 11.000 millones”, añadió. Por tanto, bajo estos parámetros, la operación permitiría al Estado captar unos 2.450 millones de euros. Estos fondos, aunque no pueden destinarse a financiar gasto corriente sino a inversión, ayudarían a aliviar la delicada situación de las arcas públicas y a reducir el déficit.

El Estado español ha realizado hasta la fecha 29 privatizaciones a partir de ofertas públicas de venta (OPV) como la que ahora plantea para AENA. Gracias a ellas, ha ingresado en torno a 32.000 millones de euros, principalmente gracias a las privatizaciones realizadas en los años 1997 y 1998 de antiguos grandes monopolios, como Telefónica, y Endesa. Con la venta de la eléctrica, que se llevó a cabo en dos fases, la SEPI ingresó unos 10.000 millones. La privatización en 1997 del 21% de Telefónica, participada por Patrimonio, reportó unos 3.700 millones de euros; el 29,2% de Argentaria, en febrero de 1998, otros 2.200 millones y, con la venta del 54% de Tabacalera en 1998, el Estado recaudó alrededor de 1.700 millones.