Mediante un extenso documento suscripto por su secretario general, Juan Speroni, el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA), insistió con la necesidad de crear el Foro Federal para la Seguridad en la Navegación y expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Astillero Rìo Santiago. El informe se enmarca en una solicitud de audiencia a los diputados y senadores de la Nación.
El documento repasa el recorrido que siguieron luego de ser sancionadas las leyes de Marina Mercante e Industria Naval, el 30 de noviembre de 2017, aprobadas tras largos meses de debate entre legisladores, dirigentes gremiales, cámaras empresarias del sector y funcionarios del gobierno nacional.
“El objetivo principal de esas leyes era impulsar el desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional, otorgándole mayor competitividad, así como la posibilidad de incrementar la disponibilidad de fletes accesibles, mejorando la red logística y la matriz de transporte”, señala el texto indicando que “plantean un régimen de incentivo y fomento para que la industria naval nacional acompañe en su recuperación a la marina mercante argentina”.
En ese contexto los gremios de los obreros navales “aceptaron que se incluyera en le Ley de Desarrollo de la Marina Mercante una ventana para importar y arrendar barcos usados en tanto se estableciera, simultáneamente, un fondo de financiamiento, así como un régimen de beneficios fiscales para la construcción de buques en astilleros nacionales”.
Continúa señalando que el 20 de diciembre del mismo año el Poder Ejecutivo a través del decreto 1076/17 vetó en la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval “los artículos 10 y 13, que constituían el núcleo de la misma”. Cabe recordar que a través de ellos se creaba el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN) con un presupuesto anual de 1.500 millones y se pautaba un beneficio fiscal por 10 años para la construcción de buques en el país.
Asimismo, la ley obliga en su artículo 15 al Estado Nacional y sociedades públicas o privadas que perciban algún aporte o aval del mismo y su actividad implique la demanda de buques, proveerse de barcos construidos en Astilleros nacionales. “A pesar de esto, el año pasado el gobierno adquirió cuatro lanchas artilladas a Israel por 49 millones de dólares, en tanto que este año dispuso comprarle a Francia cuatro buques patrulleros oceánicos por 324 millones de dólares”.
“Este accionar del gobierno nacional constituye una estafa política y legislativa sin precedentes, en la cual el Poder Ejecutivo desvirtúa los puntos centrales del acuerdo social alcanzado luego de largas y complejas negociaciones”, asegura el SAONSINRA.
Agrega el escrito que “al contrario del gobierno, creemos necesario tener una política activa para el desarrollo de nuestra marina mercante e industria naval, especialmente para el transporte de cargas y comercio exterior con el fin de dar sustentabilidad a nuestra flota fluvial y marítima que debe servir para exportar nuestra producción de granos y oleaginosas que son trasportados fundamentalmente por la Hidrovía Paraná- Paraguay y actualmente para el país una erogación de 5.000 millones de anuales en costo de fletes”.
Luego de reclamar que se acentúen los pedidos gremiales sobre la creación del Foro Federal para la Seguridad en la Navegación, el texto expresa su preocupación “tanto por la actual situación de incertidumbre que atraviesa el Astillero Río Santiago, agravadas por las recientes declaraciones del Presidente de la Nación, como por las graves consecuencias sociales, económicas y geopolíticas que implica la decisión de nuestra cancillería de allanarse a la pretensión de los monopolios portuarios por consagrar al puerto de Montevideo como la puerta de entrada a la Hidrovía Paraná- Paraguay, lo cual en los hechos significa la renuncia argentina a la soberanía logística de sus vías navegables y la condena de desaparición de los puertos argentinos con consecuencias de despidos”.
