En el marco del tratamiento  de la denominada Ley Ómnibus, impulsada por el gobierno nacional, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia (CEPBA), Guillermo Siro, reclamó reformas en los capítulos sobre promoción del empleo registrado, medidas fiscales y derechos de exportación. 

Ante el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, solicitó que se incorpore la derogación de la ley 24.013, “mal llamada de Promoción del Empleo” del año 2001. Indicó que “lo único que ha logrado es mayor conflictividad en las relaciones laborales y la destrucción de empleos decentes a partir de la construcción de una industria del juicio, con fallos a partir de las multas que se aplican en el marco de esa norma”.

Agregó que “por consiguiente, todo programa de registración de empleo y de lucha contra el empleo no registrado debe partir de la derogación de la ley 24.013”. 

Asimismo, dijo que “otro punto, en el capítulo de registración y promoción del empleo registrado, es combinar los plazos y potenciales multas e infracciones que imponga la AFIP, a partir de los trabajadores que se incorporen con alta temprana en el marco de esta esta promoción y las Medidas Fiscales (moratoria y blanqueo con facilidad de pago, quitas de multas y suspensión de procesos penales) y que el proyecto original prevé para deudas anterioridad al mes de noviembre del 2023”.

Al respecto señaló que “si no combinamos estos dos capítulos lo único que vamos a lograr es que no tenga éxito la registración de empleo de trabajadores  o la promoción de trabajadores registrados ya que la AFIP utiliza como parámetros de verificación de facturación por sector y actividad la cantidad de trabajadores de cada establecimiento productivo”.  

Medidas fiscales y DEX

Con respecto a las medidas  fiscales, Siro remarcó que “debemos incorporar los beneficios de haber cumplido con la ley”, dado que “en esta propuesta de Ley Ómnibus no están contemplados ni el espíritu ni las características de las PyMEs. Pero, sobre todo, los beneficios y el reconocimiento para aquellos que hemos cumplido con la ley, que promovemos su cumplimiento y contribuimos al estado de bienestar y a la recaudación de los estados nacionales, provinciales y municipales”.

Por último, rechazó la aplicación de Derechos de Exportación ya que “el criterio internacional es que la imposición debe ser determinada para los países que reciben la mercadería y no los países que la fabrican”. 

“Por eso rechazamos el 15% que se propone. En el caso del artículo 206, que exime del pago a productos de las economías regionales, promovemos y solicitamos que no solamente aplique a los productos primarios, sino también a su cadena de valor”.