El proyecto de ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores fue aprobado en el Senado y se convirtió en ley. La norma tiene por objetivo fundamental usar el poder de las compras públicas como factor para el desarrollo de la industria argentina, mejorar sus capacidades productivas y potenciar su perfil exportador.
“Se trata de una política implementada en todos los países industrializados. Es una medida desarrollista que busca mejorar las capacidades productivas de las PyMEs argentinas”, sostuvo Sergio Drucaroff, subsecretario de Compras públicas y Desarrollo de proveedores. Las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo. Durante los próximos ocho años el sector público invertirá U$S 200.000 millones en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios y tecnología.
Para la redacción del proyecto, el ejecutivo contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), referente en la materia, y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos, México y Brasil.
Principales puntos de la Ley de Compre Argentino
Cooperación productiva: el proyecto prevé que cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en compras superiores a los 240 millones de pesos, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación productiva que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos un 20% del valor total del contrato. En los casos que no resulte posible alcanzar el monto exigido mediante la contratación a una empresa local, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar que el cumplimiento del Acuerdo pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el país, la transferencia tecnológica, o de inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica.
Márgenes de preferencia: aumenta los márgenes de preferencia vigentes para los oferentes de bienes de origen nacional de siete a 15% para las MIPYMES y Cooperativas, y de cinco a ocho por ciento para las grandes empresas.
Compras pequeñas priorizadas para las MIPYMES: establece una reserva de mercado en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $1,3 millones (bienes) ó $100 millones (obra en vivienda y edificios públicos) en favor de PYMES oferentes bienes u obras de origen nacional, siempre que haya oferta de PyMEs.
Posibilidad de mejorar su oferta para las PyMEs en las licitaciones chicas: establece un nuevo mecanismo de mejora de oferta (“first refusal”) en favor de las PyMEs para compras de bienes de la Administración Pública Nacional menores a $20 millones. Así, las PyMEs oferentes de bienes de origen nacional tendrán la posibilidad de mejorar su oferta siempre y cuando su precio no haya superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o precio testigo.
Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO): le otorga rango de ley al Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, que fue creado al comienzo de la gestión por resolución del ministro Cabrera. El principal objetivo del PRODEPRO es desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva. Tener rango de ley le otorga estabilidad en el tiempo a esta política productiva.
