Ramón Méndez es Dr. en Física. Fue director Nacional de Energía desde 2008 hasta 2015, cuando fue descartado del equipo de Ministerio de Energía por la Ministra Carolina Cosse. Hoy es el responsable del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
La revista Fortune lo considera una de las 50 personas más importantes del mundo. En una entrevista realizada por el periodista Carlos Tapia para El País, Méndez, que integra el Partido Socialista, explica el proceso y los desafíos de la política energética uruguaya que hace que sea una caso de estudio a nivel mundial.
Dice Méndez “Primero que se decía que no era posible combinar las fuentes renovables para satisfacer casi la totalidad de la electricidad de un país. Nosotros demostramos que se puede hacer una combinación de energías eólica, hidráulica, de biomasa y solar.
Segundo que se decía que para esto se necesitaba un subsidio muy importante, que era mucho más caro abastecerse con energía renovable. Nosotros claramente demostramos lo contrario: Uruguay ha reducido un 40% sus costos de generación de electricidad a partir de las energías renovables. Tercero, que se creía que era muy difícil que alguien invirtiera en este cambio. Nosotros conseguimos casi 7.000 millones de dólares de financiación privada y de asociaciones público privadas para llevar a cabo la transformación”.
Sobre la rebaja en los costos de producción de energía y las tarifas Méndez recordó que las tarifas “en términos reales vienen disminuyendo desde 2010”.Recuerda que “incluso en el año 2014 hubo una disminución neta del 5%”.Sobre el ajuste tarifario en 2016 dice que “Este año sucedió algo particular, porque las tarifas aumentaron prácticamente al mismo nivel que la inflación, medio punto más. Entonces, lo que hay es un mantenimiento. Lo que no está pasando es que se traduzca la fuerte reducción de los costos en una fuerte reducción de las tarifas. Y esto tiene que ver con que la política económica es una sola. Lo que ha privilegiado el gobierno, y en particular la conducción económica, es la transferencia de recursos hacia el accionista de las empresas públicas, que es el Estado, para poder utilizarlo en lo que es hoy por hoy la mayor preocupación a nivel internacional: mantener el déficit controlado”.
