El Organismo de Control de Agua de Buenos Aires (Ocaba), representantes de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo analizaron el ajuste de la tarifa del servicio de agua, que rondará el 140 por ciento, según trataron de justificar funcionarios y directivos de la empresa.

Durante la audiencia desarrollada este miércoles en la sala auditorio del Colegio de Abogados de La Plata, representantes de ABSA dieron detalles de la situación de la empresa y expusieron los motivos para el ajuste tarifario, mientras que grupos de consumidores manifestaron su descontento con pancartas.

El Subgerente Comercial de Absa, Marcelo Chirico, analizó que “se debe readecuar el cuadro tarifario y redeterminar el valor del metro cúbico -de 2,39 a 5,74 pesos- con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la prestación, lo cual se logra con un equilibrio económico y financiero de la empresa”.

Al respecto,pormenorizó que el 12% de los usuarios (114.745) pagarán un aumento de $365 promedio, el 22% de los usuarios (213.965) un promedio de $250; un 44% de los usuarios (421.556) tendrán una suba de $150 promedio y otro 22% de los usuarios (209.765) deberán afrontar una actualización de $100 promedio.

Chirico insistió en que “hay que actualizar la tarifa de la forma más equilibrada. Las premisas con las que trabajaremos son la reingeniería acorde a la capacidad contributiva de los usuarios. Si el agua va a uso productivo, van a pagar el doble de la tarifa”, graficó.

“El esquema de equidad tiene que ver con que habrá un esquema para los usuario de menor capacidad contributiva y otro para los de mayor, por lo que el régimen será más justo” y agregó que “los parámetros son el valor fiscal de los inmuebles”, aseguró.

En tanto a quienes no pueden acceder al servicio, dijo que “quienes no puedan abonar el aumento, podrán acceder a la tarifa social, pero para hacer el mantenimiento, necesitamos que quienes puedan abonar, lo hagan”.

Por su parte,el Subsecretario de Servicios Públicos bonaerense, Pablo Gaytán, señaló que “Absa está en crisis, se encuentra en una situación terminal” y manifestó que esa empresa hace 5 años que no invierte, que no mantiene las plantas potabilizadoras, lo cual hace que el servicio sea muy deficiente y que haya altas pérdidas del agua ya tratada”.

Detalló que “el déficit operativo de la empresa está proyectado en 1400 millones de pesos”, aseveró que la Provincia “aportará 2000 millones de pesos para mejorar el servicio” y puntualizó que se realizarán obras de cloacas y cloacas en La Plata por 130 millones, en Ensenada por 3 millones, en Bahía Blanca por 168 millones, en el acueducto del Río Colorado por 4 mil millones, más otras obras en 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado, Coronel Rosales, Cañuelas, General Arenales, Madariaga y General Villegas.

También  aseguró que están trabajando en un proyecto de acueducto del noroeste, a fin de dar una “solución definitiva a la ruta del arsénico”, para lo cual “se pedirá financiamiento a organismos internacionales para ejecutar la obra en 2017”.

Por el lado de la Defensoría del Pueblo, Juan Francisco Díaz, rechazó el aumento y fundamentó su posición en que “desde la última suba, no mejoró el servicio”.

“Sabemos que hay déficit en la empresa, pero no se puede olvidar que el pago de la tarifa debe corresponderse con la eficiente prestación del servicio”, remarcó y criticó el hecho de que “no se atiende rotura de cañerías en toda la provincia, se contaminan las napas, no hay presión de agua, hay falta de servicio en el verano, hay derrames cloacales y la empresa no da respuestas”, enfatizó el representante de la Defensoría del Pueblo.

En igual sentido, Leticia Guererro, representante de los usuarios de La Franja de Berisso, expresó que “somos 40 mil habitantes que hace 10 años que le exigimos a Absa las obras necesarias para nuestra zona y no nos escuchan” y agregó que “padecemos desbordes cloacales, pérdidas en la vía pública, enfermedades infecciosas de la piel, parásitos y hepatitis producidas por el agua estancada y nauseabunda”.

Luego, Lucas Malbran, del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), describió la situación del organismo y dijo que “encontramos resultados desastrosos como control ineficaz de la prestación del servicios, mala administración de recursos, no se apercibe ni se multa, no se siguen los reclamos de la gente, ni hay procedimientos para sancionar prestadoras o informes sobre la situación del agua en la provincia”.

La convocatoria es obligatoria por ley, y adquirió relevancia tras la decisión de la Justicia de declarar inválido el aumento de mayo de 2012, aplicado sin consulta popular previa.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) asumió la concesión en marzo de 2002 y brinda servicio a más de tres millones de personas en 91 localidades pertenecientes a 62 partidos de la provincia de Buenos Aires, en un territorio de 150 mil kilómetros cuadrados.

Tiene a su cargo las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, y también la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Para desarrollar esta actividad, emplea a 1.670 trabajadores entre profesionales, técnicos y operarios.

El panorama que presentan quienes ahora son parte de la empresa estatal da vía libre al gobierno bonaerense para avanzar sobre el aumento del servicio.