Ante el vencimiento de la vigencia de la RG de AFIP 4289, cuya prórroga finalizóó el 31 de enero, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) solicitó a las autoridades impositivas que consideren “la implementación de medidas más abarcadoras y que realmente den un alivio a las Pymes en un contexto recesivo que no tiene final a la vista”.
Al fundamentar la prórroga de la mencionada resolución las autoridades reconocían un registro de 100.000 millones del stock de deuda a diciembre de 2018 (más del 120% de crecimiento respecto del año anterior, que había sido de 44.000 millones). Este reconocimiento que evidencia el grado de imposibilidad de cumplimiento de los vencimientos fiscales y previsionales por parte de las Pymes ante la caída de la actividad y una ruptura notoria de la cadena de pagos, fruto de las políticas restrictivas de la gestión de Mauricio Macri, y no con la supuesta “falta de competividad” empresaria, tal como expresan algunos sectores del Gobierno.
“La realidad es que miles de Pymes que no pueden pagar regularmente sus impuestos a causa de una sostenida disminución de ventas en un contexto de constante pérdida del poder adquisitivo del mercado interno, fuertes aumentos tarifarios, dolarización de insumos, paralización del crédito con tasas que impiden la inversión productiva, y competencia de productos importados fruto de la desregulación comercial. En este marco, las Pymes deben elegir entre pagar las cuotas de planes o los vencimientos regulares”, señalaron desde la entidad que preside Eduardo Fernández.
Es por eso que remarcaron “el severo problema que representa para las Pymes la situación fiscal y financiera. Se ha reclamado en varias ocasiones planes de facilidades de pago adecuados ante la imposibilidad de hacer frente a la carga de deudas tributarias y previsionales”.
Además desde APYME agregaron que “esta situación se agrava al haberse puesto en marcha un scoring de contribuyentes (SIPER), a raíz del cual los contribuyentes que más apoyo requieren por su situación económica financiera son los que resultan más perjudicados, pues son los que menos planes de facilidades permanentes disponen y a plazos menores en cuanto a su extensión y con mayores tasas”.
Por estos motivos, APYME vuelve a reclamar “una moratoria y ampliación de los planes de facilidades permanentes, con quita de intereses, para deudas tributarias y previsionales, sin restricción de acceso para las Mipymes. Junto con esta medida debe disponerse la suspensión de embargos y ejecuciones por deudas impositivas tanto de AFIP, como ARBA y AGIP y el resto de las agencias de recaudación de las otras provincias. También debe suspenderse el mencionado scoring, que agrava la inequidad ya existente”.
Asimismo, el comunicado que lleva la firma de Fernández advierte que “de no tomarse medidas adecuadas no podrá evitarse un mayor perjuicio para el fisco y, lo más dramático, el cierre de miles de unidades productivas y comercios con una mayor pérdida de puestos de trabajo. Por supuesto, ningún paliativo será suficiente si no se ejerce desde el Estado la defensa y el fomento de la producción nacional, las economías regionales y el mercado interno, algo que el actual modelo no parece contemplar”.